No sólo han sido cobardes asesinatos del tiro en la nuca a civiles, bombas con víctimas infantiles y demás actuaciones horrorosas que se presentan en el expediente. Durante decenas de años la población civil del llamado País Vasco se ha visto perseguida, calculándose que un diez por ciento de la misma ha optado por exiliarse ante el miedo y la extorsión.

Hasta ahora nadie había clasificado en genocidio lo que estaba ocurriendo en el norte. Todos pensábamos en ello sin que se nos ocurriera denunciar la situación al Tribunal Internacional de La Haya. Y por supuesto hemos asistido a la cínica complicidad de gobernantes del PNV como el ex-jesuita Javier Arzallus, que les llamaba "los chicos de la gasolina" y declaraba que era saludable que alguien moviera el árbol para que cayeran las nueces... Y subvencionaban a los familiares de estos asesinos en sus visitas a las diferentes cárceles donde cumplían condena por múltiples asesinatos. Mientras ellos, los dirigentes vascos, miraban para otro lado, los de ETA se hacían, lentamente, con una estructura armada y política que al cabo de los años ha resultado que ganan elecciones y gobiernan, legalmente, una de las provincias vascas y con la tendencia de quitarle el puesto a un PNV que ha jugado a lo de una vela a Dios y otra al Demonio durante todos estos años.

Y creo que los sucesivos gobiernos de la nación se han visto desbordados por la actuación de ETA y la complicidad de los políticos vascos que hablaban de problema cuando en realidad había que tratarlos como vulgares asesinos sin escrúpulos, en lugar de contemplar gaitas y tratar de llegar a pactos con los pistoleros, como los últimos ordenador por el iluminado Rodríguez Zapatero, con chivatazos sobre redadas, y de demás. Si hemos llegado a este punto parte de la culpa la tienen nuestros políticos, claro.

Y es que situaciones de persecución moral, como la que se vive en Cataluña, deberían tener consecuencias jurídicas. Que por ahora no las tienen. Y el exilio voluntario de los que no soportan la dictadura, porque ese es el verdadero calificativo, debe tener su respuesta en nuestro ordenamiento jurídico. Pero claro, hasta en el Tribunal Constitucional tenemos una magistrada que apoya a un partido filo etarra y ahora nos sale partidaria de que los Catalanes celebren su anunciado referéndum separatista. Creo, sinceramente, que tenemos un Constitucional impresentable que debería desaparecer... Una sala del Supremo sería más neutral, seguro.