La verdad es raro no observar como en cualquier bar o cafetería la totalidad de los clientes sentados en sus mesas no tienen su dispositivo junto a la caña de cerveza, o café, al que no pasa de diez minutos sin la correspondiente consulta. Parece que estamos ya viciados en recibir información en el iPone, tableta, que cada vez que miramos el dispositivo esperamos encontrarnos algún mensaje de amigos, correos, alguna foto que nos envía el sobrino de turno, o las últimas noticias que nos lanza el sistema al que estamos suscritos.

Difiero de Enrique Dans en que los periódicos de papel continúan empeñados en ofrecernos lo de siempre... El problema no es el carrier, el papel o los nuevos dispositivos que todos llevamos en el bolsillo. El problema es que que, por una parte, la libertad de expresión en España ha sufrido un duro retroceso a épocas próximas al franquismo. Si, ahora si opinas o investigas algo que no le conviene a la llamada Casta, pues te marginan como periodista. Las empresas editoras de periódicos, que están todas en la ruina, todas, todas en quiebra, todas debiendo dinero a los bancos, hasta El País, se pasan el día agradando al poder, en ese caso al PP, para que la Soraya de turno presiones a las entidades bancarias y conviertan en acciones sus préstamos fallidos.

Así, claro, se deben minimizar los escándalos de corrupción y mucho cuidado con los reportajes que no agraden a La Casta. Ya se lo escuchaba a Emilio Romero en pleno franquismo. La libertad de prensa depende de la independencia económica de la empresa editora. Si el empresario está hasta las cejas de deudas, su libertad está hipotecada. Y eso es lo que pasa en esta España nuestra. Que la totalidad de las empresas editoras deben hasta callarse, porque o sobreviven gracias al favor del poder, o son simple correa de transmisión de determinado partido político.

En Cataluña, por ejemplo, es bien conocido que la totalidad de los periódicos están subvencionados por la Generalitat. Así que ninguno se opone al secesionismo. A ninguno se le ocurre que sus reporteros investiguen las fortunas de los políticos que gobiernan... Y en Andalucía, pues otro tanto parecido.

La actitud de la clase periodística, del profesional, del notario de la realidad, tiene tratamiento aparte. Lo dejo para un próximo artículo.