El sector del taxi, ese que defiende a un rancio gremio frente a los particulares que optan por ofrecer un servicio similar mediante las nuevas tecnologías, ha logrado que un juez inicie una cruzada imposible de ganar contra Uber. Por ahora ha obligado a que Telefónica, que administra el servicio de DNS en España, evite que accedamos a la página a través de su red, aunque no para los que utilicen otras no controladas por la teleco española.

Y la otra ingenuidad del juez de instrucción es pedir que se eliminen las App's para que no se puedan bajar en los smartphones. Dudo que Google, desde Palo Alto, o Apple, desde Cupertino, eliminen la aplicación, que es de descarga universal. Porque si en España, al final hay juicio y se condena definitivamente al servicio Uber, que no a BlaBlaCar, aparecerán otras iniciativas por internet, por las redes sociales, que vendrán a ofrecer lo mismo, aunque de forma menos organizada, lo cual es peor porque a través del servicio censurado había cierta garantía y seriedad que no se podrá garantizar con otros nuevos intentos de negocio.

Con Uber conocías la popularidad o rechazo del conductor, lo que opinaban otros usuarios. Y pagabas a través del sistema. Con el taxi, ya sabes, si lo tomas desde Barajas te puede hacer la visita turística para llevarte a Arturo Soria, por ejemplo, para cobrarte 15 euros extra. Y a veces no tiene cambio y ya sabes... Además de otros trucos que se saben. Eso cuando no das con un conductor empleado, un inmigrante recién llegado, que desconoce Madrid y se limita a introducir calle y número en el navegador.

Tras el negocio del taxi, por lo menos en las grandes capitales, se esconde todo un entramado de licencias que se obtienen pagando una pasta al ayuntamiento, revendiendo o alquilando la licencia por muchísimo dinero o utilizando conductores novatos para los vehículos cuyos propietarios, los que pagaron por la licencia, se dedican a otros menesteres. En fin, que el juez de Instrucción número 2 está en favor, descaradamente, de una casta, de un negocio nada transparente, con compraventa de licencias que el ayuntamiento no debería permitir... ¡Que estamos en el siglo XXI, oiga!