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El caso del maletín de coca - un turbio asunto de drogas

Por José Angel Pérez

miércoles 03 de abril de 2019, 22:19h
El día reflejaba fielmente la estación del año. Fuertes rachas de viento y un cielo entoldado y grisáceo, obligaban a los transeúntes a parapetarse en abultados chaquetones.27 de febrero de 1.985.
Ese día, agentes de paisano del Servicio de Información de la Guardia Civil, adscrito al Sub Grupo Antidroga, de la 212 comandancia de Almería detenían al subcomisario de Policía, José Martínez Sánchez por tráfico de estupefacientes.

Mezclados entre los coches aparcados en la calle Calzada de Castro, sin perder de vista la puerta del bar Alhambra, los agentes de la Benemérita, esperaban el momento de la detención del subcomisario. En el interior del bar, un tal José López Vilarrasau, había entregado un maletín color negro al agente, donde posteriormente se encontraron 980 gramos de cocaína.

El subcomisario Martínez, fue abordado por dos miembros del Servicio de Información en el momento que se disponía a abrir las puertas de su vehículo, un Tabolt Escorial estacionado a una decena de metros del establecimiento donde se produjo la entrega.

Desde unas semanas antes, la Guardia Civil seguía la pista a un Talbot Escorial matrícula MA 6492 X, con las sospechas de que éste vehículo estaba siendo utilizado por su propietario u otras personas, trasladar estupefacientes por distintos puntos de la provincia. El seguimiento, se llevó de forma discreta activándose el operativo de la detención del conductor del vehículo, cuando Martínez con el maletín en la mano iba a subir a su coche.

El teniente Alías y varios agentes más le cortaron el paso. El subcomisario de inmediato se identificó como policía y tras un breve intercambio de palabras fue conducido hasta la comandancia. Desde allí, el teniente coronel Campos, informaba de la detención del funcionario al responsable de la Comisaría Provincial de Almería, Enrique Mora Morandeira.

El maletín mientras tanto, bajo la custodia de los guardias civiles que intervinieron en la detención, permanecía depositado sobre una mesa en la tercera planta del edificio de destinos, dependencia entonces del Servicio de Información de la Guardia Civil.

No pasaron ni treinta minutos, cuando el comisario Mora, se encontraba en el acuartelamiento almeriense. En presencia del teniente coronel Campos y del comisario, José Martínez Sánchez abría el maletín con su propia llave.

En su interior hallaron 980 gramos de cocaína, envueltos en una bolsa de basura y a su vez introducida en otra bolsa con anagrama de unos grandes almacenes.

Testigos presénciales, comentaron entonces, que el subcomisario no tuvo dificultades para abrir el maletín, ya que al parecer la clave coincidía con su numero de teléfono particular. Con las cartas sobre la mesa, el subcomisario Martínez, se apresuró pronto a rechazar la acusación de traficante, ya que según sus manifestaciones posteriores afirmó que desconocía el contenido del maletín.

Martínez, alegó que creía que solo llevaba documentos, aunque fue a más. Aseguró entonces que se limitaba a cumplir un servicio especial, de índole político y una rocambolesca hipótesis involucrando a instituciones y al parlamentario socialista Eloy López Miralles, conocido de Martínez y que desconocía las ilícitas actividades del subcomisario.

Según distintos testimonios recogidos durante el proceso de investigación, el único contacto formal que el subcomisario mantuvo con la clase política local, fue en mayo de 1.984, con el objetivo de conseguir la vuelta a España del ultraderechista almeriense Francisco Iribarne Pérez.

Por esas fechas, el subcomisario Martínez se encontraba destinado en los servicios de control y pasaportes del aeropuerto de Almería. Quizás de allí vinieran sus relaciones con Iribarne a quien se le vinculó con organizaciones de extrema derecha, U.M.E. y U.F.A. y que en esos tiempos tenía la contrata de los servicios de cafetería del aeropuerto de Almería.

Francisco Iribarne, según se divulgó en distintos medios de comunicación locales, desapareció de España a finales de 1.981, tras ser condenado por la falsificación de cuatrocientos millones de pesetas. Sin embargo en la capital se rumoreaba haberle visto en Aguadulce, en casa de un abogado almeriense. Iribarne, intentó un chantaje al gobierno socialista, amenazando con divulgar una serie de documentos, según él, comprometedores, remitiendo al subcomisario Martínez diversos folios mecanografiados en donde se vertían vagas y difusas acusaciones.

El subcomisario Martínez, pidió al senador socialista Eloy López Miralles, que hiciese llegar hasta Madrid tales documentos. Los varios folios mecanografiados, a un solo espacio y escritos de manera farragosa llegaron hasta la capital de España y una vez examinados por los especialistas de la Seguridad del Estado, declinaron cualquier tipo de comprobaciones al considerar que su contenido carecía de autentica importancia por lo que dieron carpetazo al asunto.

Según parece, el subcomisario Martínez, insatisfecho por el resultado de sus gestiones, poco tiempo después viajó hasta Francia, para entrevistarse por su cuenta y riesgo con Francisco Iribarne, para pedirle mas pruebas, visitándolo incluso en la prisión donde cumplía condena. El ultraderechista, le entregó a Martínez, una serie de fotografías complementarias de la anterior información.

Remitidas a Madrid, los expertos del gabinete de Policía Científica, volvieron a descalificarlas por carecer de valor pericial, por lo que Iribarne desistió de enviar mas documentación comprometedora, según el ultraderechista. decidiendo directamente pedir el indulto a La Moncloa. Por lo que se supo, no volvió a contactar mas con el subcomisario, ni este a la vez con el senador López Miralles.

La Policía mientras tanto, al hilo de las investigaciones, estableció una vinculación directa o indirecta entre el subcomisario Martínez y el marroquí, Mustapha El Kongui, detenido unos días antes con 966 gramos de cocaína en la capital, cuando circulaba con un coche junto a Concha López.

Esta relación se desprendía según la nota oficial remitida el 28 de febrero de ese mismo año por el Gobierno Civil de Almería a los medios de comunicación locales.

Según la Policía, la relación o primeros indicios que daban solidez a la sospecha, fue la similitud de la cocaína intervenida al marroquí y al policía. La valoración de los peritos, llegó a la conclusión a través de los análisis a los que fueron sometidos los estupefacientes, a que los dos paquetes hallados, tenían la misma procedencia y habían sido elaborados en el mismo laboratorio. La Policía sostenía que existía cierta relación de amistad, entre el subcomisario Martínez y la mujer detenida días antes con el marroquí Mustapha El Kongui.

Según parece en determinadas ocasiones, Concha López había visitado la vivienda de Martínez, un chalet en la barriada del Quinto Pino en el Zapillo, lo que reforzó la teoría policial de una muestra evidente de conexión del agente con el grupo de narcotraficantes del que supuestamente formaba parte Mustapha El Kongui.

El gobierno civil de Almería, a través de su gabinete de Prensa, hacía llegar a las redacciones de las emisoras de radio y periódicos una nota oficial un tanto imprecisa. "En la mañana del día 1 de marzo, fue localizado y trasladado al acuartelamiento de la comandancia de la Guardia Civil de Almería, José López Vilarrasau, el hombre que la mañana del 27 de febrero de 1.987 entregó el maletín que contenía la droga al subcomisario Martínez en el bar Alhambra de la capital".

Otras versiones, no oficializadas, aseguraban que López Vilarrasau se entregó voluntariamente a la Guardia Civil, al conocer detalles pormenorizados de lo ocurrido a través de los medios de comunicación de Almería. Prestó declaración ante el juez, admitiendo que mantuvo contactos como intermediario y de haberle entregado el maletín al subcomisario, sin que en ningún momento llegase a comprobar su contenido, dado que tenía la certeza de que solo iban documentos y no cocaína.

Tras declarar, López Vilarrasau, quedó de inmediato en libertad. En la calle la gente que seguía el caso con interés. se preguntaba, como no había sido detenida ésta persona. Lo natural, se decía, es que ambos hubieran sido detenidos, ya que si el policía lo acusan de tráfico de drogas, también debía estarlo la persona que le entregó el susodicho maletín. Se hicieron muchos comentarios.

El 2 de marzo, a la una de la tarde, José López Vilarrasau declaró ante el juez Rafael García Lara instructor del sumario. Media hora mas tarde abandonaba el edificio del Palacio de Justicia. No hizo declaraciones a los periodistas, remitiéndoles cortésmente a su abogado. En su declaración ante el juez, López Vilarrasau reconoció haber acompañado al subcomisario Martínez en un viaje a Francia con objeto de contactar con una persona interesada en obtener el indulto del Gobierno a cambio de silenciar un grave escándalo.

Mientras tanto, el subcomisario Martínez, ocupaba una celda solo, en el Departamento de Ingresos de la vieja prisión de la carretera de Níjar, aislado por medidas de seguridad. Se temía por su integridad física, ya que en el centro y en distintos módulos había algunos presos, detenidos anteriormente por tráfico de drogas u otros delitos, por el subcomisario Martínez. En todo momento, el trato en la prisión fue bueno, así como durante su permanencia en las dependencias de la Guardia Civil.

José Francisco Martínez, que al ser detenido solicitó la aplicación del "hábeas corpus" rechazada por el juez, fue de inmediato expedientado por la Dirección General de la Policía, acordando suspenderlo provisionalmente en sus funciones, ordenado la retirada de atributos, arma, carné profesional y placa e incoándole expediente disciplinario.

Ingresó en prisión a últimas horas de la mañana del 7 de marzo de 1.985. La orden judicial rotunda y concisa indicaba, por un delito contra la salud pública, tráfico de estupefacientes. El subcomisario Martínez permaneció en el centro penitenciario hasta el 4 de junio, fecha en que fue decretada su libertad bajo una fianza de medio millón de pesetas a petición de sus abogados defensores, Enrique Amat Fenoy y Socorro Mármol, cuñada del subcomisario de quien se comentó había sido la letrada defensora de dos encausados en el proceso del 23 F.

A las cuatro menos veinte de la tarde, salía de la vieja prisión el subcomisario Martínez. En la puerta, junto a algunos periodistas, su esposa y uno de sus hijos.

Unos días antes de su libertad, Enrique Amat, uno de los abogados del procesado comunicaba en una nota remitida a los medios de comunicación, que la defensa podría afirmar terminantemente que la sustancia intervenida al subcomisario Martínez no presentaba características de un producto susceptible de ser calificado como objeto de delito. Un informe analítico efectuado en el instituto de Toxicología de Sevilla, revelaba según el abogado que el producto intervenido al subcomisario contenía un 0´9 por ciento de cocaína.

Las fuentes oficiales, indicaron por su parte que la droga intervenida, un total de 980 gramos de cocaína, tenían en el mercado un valor cifrado en torno a los doce millones de pesetas.

Tras la puesta en libertad del policía, dos días mas tarde, el 6 de junio de 1.985 a las nueve de la noche, eran puestos en libertad Mustapha El Kongui y Concha López como consecuencia de un telegrama llegado a la prisión almeriense procedente del Juzgado de Peligrosidad de Málaga. Previamente a ésta orden, el titular del juzgado de instrucción numero 1 de Almería, había decretado la libertad incondicional sin ningún tipo de fianza para éstas dos personas.

El juicio contra el subcomisario Martínez, tras sufrir dos suspensiones se inició el 24 de mayo de 1.988. Numerosas personas siguieron la vista oral celebrada en sesiones de mañana y tarde. El tribunal estaba presidido por Juan Ruiz Rico, presidente de la Audiencia Provincial de Almería, asistido por los magistrados jueces Társila Martínez y Cristóbal García. El ministerio fiscal, lo ejerció el teniente fiscal Juan Bautista Parra. La petición, seis meses y un día de prisión mayor y dos millones y medio de pesetas de multa, junto a siete años de inhabilitación especial.

En la primera sesión Martínez se ratificó en que estaba realizando un servicio por indicación de Presidencia del Gobierno, negociando el indulto de Francisco Iribarne a cambio de información comprometida para ciertas personalidades públicas. Esta función, desconocida para su jefe inmediato, según Martínez contaba con el visto bueno del jefe de Seguridad de Moncloa, Manuel Céspedes, que posteriormente sería Delegado del Gobierno en Melilla. El subcomisario afirmó que fue victima de una trampa. En la segunda sesión de la vista, el comandante Garrido de la Guardia Civil declaró en la sala, que ellos desconocían que el acusado fuese policía. Una mujer, Carmen Gil empleada de hogar, que trabajaba en casa del subcomisario reconoció que López Vilarrasau había estado en varias ocasiones en el domicilio del policía. Otro testigo importante, el mencionado López Vilarrasau admitió que el subcomisario le entregó el maletín que se encontraba camuflado debajo de una escalera en el jardín de la vivienda del subcomisario .López Vilarrasau declaró que ese día, tras haberlo custodiado en su domicilio creyendo que eran los documentos de Iribarne, bajó el maletín al bar a petición del policía. El capitán Alias que dirigía el grupo de guardias civiles que detuvo al subcomisario, manifestó en la sala que éste le ofreció diez kilos de cocaína para arreglar el asunto. En la tercera jornada del juicio, el fiscal a la vista de lo expuesto modificó la pena para el encausado, rebajando la pena de seis a cuatro años de prisión menor, multa de un millón de pesetas manteniendo la inhabilitación de siete años.

El 27 de mayo de 1.988, el juicio quedó visto para sentencia. En el transcurso de la cuarta sesión los abogados del subcomisario Martínez pidieron su libre absolución sin cargos, asegurando que la cocaína fue añadida tras la detención de Martínez.

El 3 de junio de 1.988, la Audiencia Provincial de Almería hizo pública la sentencia del "caso de la coca". Martínez fue condenado" por un delito contra la salud pública a la pena de dos años y seis meses de prisión y multa de un millón de pesetas con arresto sustitutorio en caso de impago de setenta y cinco días, una vez hecha excusión de sus bienes con las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena.
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