También deberían, claro, porque ahora, por ahora, mientras los empresarios, los ciudadanos que hagan una pifia económica pueden dar con sus huesos en la cárcel, los políticos, nuestros gobernantes, pueden quebrar un ayuntamiento, una autonomía, un país, sin que se le pueda exigir responsabilidades mas que la censura en los votos de los ciudadanos.

Me parece que lo dicho por el ministro Cristóbal Montoro es del todo acertado y debería modificarse el código penal para evitar que iluminados, derrochadores, caraduras y demás impresentables nos arruinen, nos endeuden hasta nuestros bisnietos, y sigan beneficiándose del coche oficial, sueldo pagado por todos nosotros, secretaria y demás prebendas que se han auto asignado indecentemente.

Ahora, los mismos que nos han arruinado, se escandalizan y argumentan que el castigo es el voto de los ciudadanos. Son los caraduras que siempre se caracterizan por, como dijo un empresario amigo, tarifar la corrupción. Son los que se han repartido ingentes millones de euros en subvenciones injustificadas y ahora están en retiros de oro.

Me encantaría vivir en un país como Islandia, que sienta en el banquillo al presidente del gobierno que les arruinó.

Parece que eso de las responsabilidades penales, también para los políticos, es la asignatura pendiente de este país, que aún no ha logrado separar del todo los tres poderes. Eso que Guerra se encargó de finiquitar con aquello de que "Montesquieu había muerto". Para empezar, la justicia, la fiscalía, debería ser independiente del legislativo y del ejecutivo.