Y si extrapolamos el caso Pujol al resto de España, pues tres cuartos de lo mismo.

Cuantos miles de millones se llevan en comisiones los políticos que gobiernan. Y cuantos de esos miles de millones no están en paraísos fiscales, a buen recaudo, fuera del control del fisco español, sin pagar impuestos que soporte sanidad, educación, y demás gastos generales del estado español.

Porque por cada millón que se evade hay cien parados que lo pasan mal. Esa es la realidad.

Como es la realidad que durante años, precisamente de gobierno socialista, los fiscales tenían prohibido iniciar acciones contra los catalanes que se llevaban el tres por ciento de comisión. Hasta el ex-fiscal Villarejo lo acaba de anunciar. El gobierno de Felipe González le prohibió que iniciara acciones contra Pujol y contra todos los corruptos catalanes.

A lo mejor ya va siendo hora de que alguien inicie acciones por prevaricación a los que ordenaron que se mirara para otro lado. Porque mirar para otro lado es un delito muy grave. Y alguien, aparte de denunciarlo públicamente, debería iniciar las acciones judiciales correspondientes para lavar la imagen de España. No puede ser que este sea un país que sus gobernantes tapan la corrupción por tal de tener paz social. O porque no les conviene tirar de la manta. Tienen miedo de que les salpique.

Y es que esto no puede quedar así. Que ahora le convenga a Rajoy sacar el viejo expediente de robos para frenar a los separatistas catalanes no es de recibo. Desde el mismo momento que el gobierno tiene conocimiento de algún acto ilegal por parte de miembros de otro gobierno regional, lo que corresponde es dar instrucciones al fiscal general de Estado para que los persiga. No como han hecho hasta ahora, que las instrucciones eran mirar para otro lado, no se mosquearan los ladrones...